En un comunicado de prensa, Ecologístas en Acción considera que la condonación de parte de la deuda de Bolivia es una "zanahoria" ofrecida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Morales.

Además, la organización recuerda que la empresa Repsol-YPF tiene acumulado en el país andino una "enorme deuda ecológica", por lo que antes de hablar de "inversiones" y "garantizarlas", el Gobierno de Zapatero está "obligado a investigar, juzgar y penalizar las violaciones de los derechos humanos y ambientales cometidos por la empresa petrolera en Bolivia".

En la actualidad el Gobierno boliviano instruye una investigación a Repsol-YPF por el presunto daño ambiental a una comunidad guaraní del Chaco boliviano, como informó hace dos meses la anterior ministra de Desarrollo Sostenible de Bolivia, Martha Bozo.

El pasado noviembre la Asamblea del Pueblo guaraní de Itika Guasu denunció que Repsol-YPF viola los derechos indígenas. Decía el comunicado: "Hacemos saber que Repsol-YPF, sin respetar a la cultura guaraní, ha provocado una serie de daños a nuestro medio ambiente, destruyendo nuestros bosques, ahuyentando a los animales silvestres que son fuente de nuestra subsistencia y violentando nuestra forma de vida comunal, es decir, esta matando nuestra cultura".

Además, negaban que Repsol-YPF "haya traído beneficios al pueblo guaraní, todo lo contrario, esta destruyendo nuestro territorio y lo hace violando de manera franca las leyes nacionales y los convenios internacionales".

Todo indica que Repsol-YPF ha seguido realizando trabajos dentro de las Tierras Comunitarias de Origen sin una consulta previa a las comunidades indígenas y sin información sobre el tema como lo exige la nueva Ley de Hidrocarburos.

Entre las compañías transnacionales que operan en Bolivia, Repsol-YPF es de las que más territorios ha intervenido. La compañía tiene un total de 22 bloques petroleros con un total de 4.973.511 hectáreas, concesiones que se superponen en 17 Tierras Comunitarias de Origen repartidas en las regiones amazónica y chaqueña.

Las leyes nacionales de Medio Ambiente y Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos; e internacionales, como el Convenio Nº 169 de la OIT; obligan a las empresas petroleras a realizar consultas y actas de acuerdo con las comunidades afectadas. En la práctica, Repsol-YPF practica todo tipo de engaños para conseguir las firmas, denuncia Ecologistas en Acción.