La ONG afirma que este hecho constituye una infracción a la legislación comunitaria, concretamente al apartado 3.b del Anexo de la Directiva 97/11/ce del Consejo, fechada el 3 de marzo de 1997.

En dicho apartado se especifica la obligación de acreditar una declaración de Impacto Ambiental para las instalaciones destinadas al almacenamiento de combustibles nucleares irradiados o de residuos radioactivos poyectados para un periodo superior a diez años, según la ONG.

Ecologistas en Acción afirma que el pasado 24 de abril se dirigió al Ministerio de Medio Ambiente español para solicitar la detención de las obras, pero que no obtuvo ninguna respuesta, lo que ha motivado que la organización se dirija ahora a los instituciones europeas.

Además, la ONG ha anunciado otras medidas de presión como una manifestación de propuesta el próximo 26 de agosto frente a las instalaciones de la central e insta al Goberno de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara y al resto de instituciones contrarias al proyecto a que presenten denuncias similares.

Las obras de construcción del cementerio nuclear de Trillo fueron autorizada por el Consejo de Ministros el 31 de julio de 1999 y declaradas de "urgencia e interés público".