Los barcos partieron de Montenegro y se prevé que este lunes llegue al puerto de Sevilla uno con 5.000 toneladas de residuos contaminados y el jueves lo haga otro con unas 9.000 toneladas a granel. El traslado cuenta con la autorización de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, supuestamente, el previo consentimiento de la Junta de Andalucía, según Ecologistas en Acción.

Según apuntó este sábado Ecologistas en Acción, el Gobierno español no autorizó inicialmente la importación de las 70.000 toneladas restantes, pero, con el consentimiento de la Junta de Andalucía, acabó haciéndolo en la primavera de 2021 para que se traigan y entierren en el vertedero situado a 800 metros del pueblo onubense de Nerva: 30.000 nuevas toneladas de las mismas características a las ya enterradas en 2019 y otras 40.000 toneladas de tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

Con esta actividad se da continuidad al traslado de 110.000 toneladas de ecotóxicos provenientes del desmantelamiento del astillero del pueblo montenegrino de Bijela. De ese total, ya fueron enterradas en Nerva durante 2019 cerca de 40.000 toneladas de residuos clasificados como aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos, sustancia peligrosa según la Lista Europea de Residuos.

Valgo, la empresa francesa concesionaria del traslado de los residuos montenegrinos a España, ha confirmado en su web la presencia en los residuos de materiales con amianto, pero entre los residuos autorizados no consta la clasificación específica del amianto, que, además, debe ser enterrado en celda aparte y con otras condiciones determinadas. La empresa también ha confirmado en los residuos del astillero presencia de tributilo de estaño (TBT), con una alta concentración de todos los metales pesados, excepto el mercurio y de hidrocarburos diversos.

Los residuos de Montenegro que se van a trasladar a Nerva equivalen a 1.000 aviones Boeing 787 (cada uno pesa 110 toneladas) y necesitarán cerca de 500 camiones para ser transportados por carretera de Sevilla a Nerva, según apuntó Ecologistas en Acción.

“FALTA DE INFORMACIÓN”

Esta organización apuntó que existe "una falta de información evidente sobre estas autorizaciones y movimientos transfronterizos de residuos, al contrario de lo que sucede en el país balcánico", por lo que ha dirigido al Defensor del Pueblo una solicitud para que investigue las circunstancias de estas actuaciones y la autorización final en el traslado transfronterizo de residuos peligrosos.

Según el Convenio de Basilea, el país importador debe "garantizar que los residuos sean gestionados de manera que la salud humana y el medio ambiente queden protegidos contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales residuos”. Por ello, pide al Defensor del Pueblo que esclarezca las circunstancias por las que en su momento no se autorizó esa gestión y después sí.

Ecologistas en Acción ha solicitado a María Jesús Montero que, desde el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, se realicen controles efectivos e inspecciones en el momento del control de las declaraciones en aduana o mientras las mercancías se encuentren bajo vigilancia y/o control de las autoridades aduaneras.

Por último, Ecologistas en Acción apela a Ribera y a Montero que apliquen "todos los mecanismos posibles" para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre traslados de residuos con inspecciones más eficaces.