El Tribunal Supremo estimó la semana pasada un recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción-CODA y acordó la demolición del hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones actualmente construidas y en funcionamiento en Marina Isla de Valdecañas.

"El proyecto era ilegal desde el principio: no se podía urbanizar en un espacio protegido (declarado por la propia Junta de Extremadura, no por las organizaciones ecologistas) y no era constitucional modificar la ley de suelo de Extremadura en contra de normas de rango superior para justificar la urbanización", apuntó la ONG.

Esta organización ecologista subrayó que "nadie en la Junta de Extremadura ha asumido ninguna responsabilidad política por este despropósito" y "continuamente" desvía la atención hacia Adenex y Ecologistas en Acción, que iniciaron el proceso judicial, hasta el punto de que su presidente, Guillermo Fernández Vara, ha llegado "incluso a cuestionar" la Red Natura 2000, un discurso que "no se escuchaba desde los peores años del desarrollismo".

Además, calificó de "reseñable" el papel desempeñado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pues en marzo de 2011 dictó la ilegalidad del mismo, pero con condiciones para que las obras siguieran adelante al exigir una fianza de 41 millones de euros para que se paralizaran los trabajos, algo "inalcanzable" para organizaciones sin ánimo de lucro como Adenex y Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción recalcó que "la mayor parte de los propietarios conocían la sentencia que declaraba la ilegalidad del proyecto antes de proceder a la compra", como lo demuestra una de las escrituras de compra-venta en poder de la ONG, en la que se advertía de esa situación.

"También se está responsabilizando al movimiento ecologista de la falta de empleo en la zona. Mientras se inflan las cifras de empleados en la urbanización, la realidad es muy diferente: el propio alcalde de Berrocalejo acaba de reconocer que hay tres personas contratadas en su municipio. Pero estas cifras engrosadas sirven para hacer demagogia con la falsa dialéctica de los empleos versus la protección del entorno. Y, de paso, se oculta la responsabilidad de las administraciones que no han sabido promover un verdadero desarrollo sostenible con empleos de calidad en la zona", indicó Ecologistas en Acción.