En esta iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia ERC precisa que actualmente el Código Penal contempla como delito cualquier mutilación física y establece penas de entre 3 y 12 años de prisión, en función de si se considea mutilado un miembro principal o no principal, lo que en su opinión, está sujeto a interpretación.

ERC denuncia que al ser considerado este ritual un hecho delictivo en España, algunos familiares de inmigrantes residentes en España aprovechan las vacaciones en el país de origen (Mali, Sierra Leona, Somalia o Sudán) para llevar a término la mutilación genital. De esta forma, el delito no puede perseguirse una vez que hayan regresado al Estado español.

En su opinión, es necesario llevar a cabo unamodificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la del Código Penal para evitar la extraterritorialidad del delito y para que se penalice claramente la mutilación genital.