Así lo advirtió en un comunicado en el que explicó que el pasado 21 de noviembre la EMVS comunicó "de manera oficial, y con un plazo de diez días para responder", la rescisión de dicho convenio el próximo 31 de diciembre a 14 entidades de EAPN Madrid.

“Esta medida final no corresponde con las conversaciones mantenidas en los últimos meses en reuniones particulares de nuestras entidades con la EMVS, en las que se trasladó un mensaje de tranquilidad sobre la situación de los recursos”, lamentó, al tiempo que explicó que, además, “de manera preventiva”, la red había solicitado una entrevista con la empresa municipal y el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, para “aclarar la situación de manera colectiva" y que "nunca se mantuvo”.

En la actualidad, sus entidades disponen de 82 viviendas que acogen a 260 personas en situación de “extrema vulnerabilidad” que, reiteró, “se quedarían sin alojamiento y sin alternativa habitacional alguna”.

“A estas cifras habría que sumarle los datos de las otras 13 entidades del convenio”, abundó, al tiempo que incidió en las “graves consecuencias” que, a su juicio, tendrá esta medida para “cientos de personas que residen en estas viviendas”, incluyendo mujeres con menores de edad con enfermedades graves, mujeres víctimas de violencia machista, personas sin hogar, jóvenes en exclusión social o personas Lgtbiqa+, entre otras.

PROLONGAR EL CONVENIO

En este contexto, EAPN Madrid hizo hincapié en la necesidad de “prolongar” este convenio que le permite atender a estas personas ante la “evidente falta de alternativas y en una situación crítica del mercado de la vivienda en Madrid”.

“Para nuestras entidades, este convenio es de vital importancia ya que da respuesta a una situación de emergencia”, sentenció, al tiempo que puntualizó que la EMVS aduce que algunas de las entidades han “incumplido ciertas cláusulas”.

No obstante, a su entender, la “realidad” es que los “fallos” en el convenio son la “falta de coordinación” entre el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y la EMVS, la “falta de acompañamiento y seguimiento” por parte de la administración de los proyectos, “sin seguir los criterios" que se establecen en el convenio y la "situación crítica de la vivienda de Madrid”.

Desde EAPN Madrid solicitan que no se rescinda el convenio, que se “reconsidere” el planteamiento del mismo y que se elaboren los contratos “directamente” desde la EMVS y las entidades sociales.

“Dicho convenio comenzó en el año 2012, en la legislatura de la ex alcaldesa Ana Botella, como una de sus medidas estrella para paliar los efectos de la crisis a personas en situación de vulnerabilidad y se ha ido renovando de manera continuada”, resolvió.