Así lo demandó en un comunicado emitido coincidiendo con el inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) que tendrá lugar en Bakú (Azerbaiyán) y en el que, frente a la “crisis ecosocial”, que, a su juicio, “desemboca en una desigualdad social creciente”, urgió a “todos los actores implicados en la COP” a abordar la transición ecológica “desde una perspectiva de vulnerabilidad social”.

La entidad recordó que la crisis ecosocial y la pobreza “están estrechamente relacionadas y se refuerzan mutuamente, creando un ciclo vicioso” que, a su entender, “afecta gravemente a las comunidades más vulnerables”.

“La transición energética puede generar desafíos socioeconómicos significativos, pero debe ser implementada de manera justa y equitativa para prevenir y disminuir las tasas de pobreza y de exclusión social”, sentenció.

En este contexto, EAPN-ES explicó que lleva meses trabajando en el Proyecto ‘Cerrando la brecha: acción climática y equidad social’, que tiene como objetivo promover una transición socialmente justa, integrando propuestas que “tengan el foco en las vulnerabilidades sociales en las políticas climáticas”.

“La iniciativa se ha centrado en las oportunidades existentes en materia de eficiencia energética de viviendas e igualdad en el transporte, ambas cuestiones incluidas dentro de las políticas europeas de descarbonización que nuestro país tiene comprometidas con la UE”, abundó.

EL PAÍS EUROPEO MÁS VULNERABLE

Tras puntualizar que España es el país europeo “más vulnerable” al cambio climático, la red alertó de que las consecuencias de la crisis ecosocial “las estamos viendo de forma muy directa con la catástrofe humanitaria provocada por la DANA en varias regiones, especialmente en la Comunidad Valenciana”.

La red subrayó que, entre los objetivos de la COP29, se encuentra ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse a los efectos de la crisis ecosocial y, en este sentido, instó a impulsar medidas de prevención y de lucha contra la emergencia climática “de forma estructural”. “No solo como respuesta a situaciones de crisis, teniendo en cuenta los efectos en la población en situación de pobreza o exclusión, y desde una perspectiva de derechos humanos”, resolvió.