Tras conocer esta sugerencia, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento regional ha propuesto la urgente creación de una comisión especal encargada de investigar determinados asuntos, como la contratación administrativa y la aplicación de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial.

En el informe sobre la Cuenta General de la comunidad, y en lo relativo a la contratación administrativa, el tribunal observa que "el 85 por ciento del importe total de los contratos de obras fiscalizados se ha adjudicado mediante concurso, sin que haya acreditado la existencia de circunstancias concretas que, al amparo de la normativa vigente pudieran justificar tal procedimiento, otorgándose a los órganos de contratación amplios márgenes de discrecionalidad mediante fijación, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de criterios exclusivamente genéricos sin relación alguna".

"En cinco obras, adjudicadas por un importe total de 8.700 millones de pesetas, se atribuyó a los propios contratistas presupuestos, la ejecución de las obras y la gestión de las correspondientes expropiaciones, sin que se haya justificado la imposiblidad de la Administración regional para elaborar, por sus propios medios, los referidos proyectos y presupuestos", continúa el informe. "Se observa gran utilización del sistema de contratación directa con respecto al sistema de subasta".

Por lo que se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial, el informe destaca la existencia de dos proyectos fraccionados de reparaciones, no proyectos de inversión, "hecho que no contempla la Ley del Fondo".

Esta no es la primera vez que el Tribunal de Cuntas detecta posibles irregularidades en las cuentas de la Comunidad de Murcia. Las detectadas en las cuentas de 1989 acabaron destapando el 'caso Casagrande', que provocó la caída del anterior presidente regional, Carlos Collado.