El presidente de La Estrela, Miguel Geijo, el consejero delegado, Jaime Varela, y un ex directivo, Adolfo Barón, así como el director general de Banco Vitalicio, José Luis Perez Torres, han sido los primeros en ingresar en prisión por un supuesto fraude fiscal a través de facturas falsas.

Sin embargo, la semana que viene seguirán las declaraciones de otros directivos Dragados y Construcciones y de algunas de las 350 empresas que mantuvieron relaciones con Indelso en el contexto de un fraude que podría tener un alcance próximoa los 10.000 millones de pesetas.

Las reacciones de los dos últimos presidentes del Banco Central Hispano han sido distintas: mientras José María Amusátegui, presidente actual, trataba de defender la presunción de inocencia de sus directivos a la espera de lo que pudiera determinar la investigación judicial, Alfonso Escamez, anterior presidente del banco aseguraba que Banco Vitalicio "nunca realizó operaciones de esta naturaleza" y cifraba en 800.000 pesetas la única irregularidad detectada, que fue y regularizada.

La compañía La Estrella ha informado en estos días que su relación con Indelso se produjo con motivo de la compra de un edificio en la calle Muntaner de Barcelona. Según la aseguradora, el importe de la compra se desglosó en dos pagos: uno de 900 millones por el edificio en sí, y otro de 370 millones en concepoto de obras de rehabilitación y mobiliario. Esta cantida última se pag abonando distintas facturas que el vendedor presentó como pendientes de pago.

La Estrella ha eludido toa responsabilidad afirmando que estos pagos están contabilizados y atendidas las responsabilidades fiscales de ellos derivados. Con ello, la Estrella traslada las responsabilidades a las empresas que recibieron los pagos en el caso de que no hubieran pagado el IVA correspondiente.

Banco Vitalicio ha afirmado, por su parte, la transparencia con que ha actuado ante la hacienda pública en relación con este caso. Sin embargo, su director general, José Luis Perez Torres, admitió en el interrogatorio ante e juez que existian facturas de Indelso por importe de 123 millones de pesetas.