El informe, al que tuvo acceso Servimedia, ha sido realizado a iniciativa propia por el máximo órgano fiscalizador del Estado y será debatido en semanas próximas por la Comisión Mixta Congreso- Senado.

Tras estudiar las cuentas de varios años de la década de los 90 referidos a los inmuebles de la Seguridad Social, la conclusión principal del informe es, textualmente, la siguiente: "La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), principal organismoresponsable de la gestión de los inmuebles de la Seguridad Social, llevó a cabo un control deficiente, tanto de los edificios terminados como de los terrenos y solares".

"El Inventario General de Inmuebles (IGI) adoleció de omisiones, errores, inexactitudes y retrasos contables", agrega el informe.

Según el tribunal, la documentación justificativa de los bienes inmuebles fiscalizados que le ha suministrado la tesorería "carece frecuentemente de los requisitos formales que habría de exigírsele". Destaca en concreto la documentación relativa a la incorporación de los bienes procedentes de los organismos que se extinguieron en 1978 como consecuencia de la reforma institucional de la Seguridad Social.

"Las principales deficiencias observadas han sido la carencia de documentos, la ausencia de firmas y sellos que los autenticaran y, en algún caso, la falta de inclusión de bienes en el Inventario General", denuncia el tribunal.

Asimismo, añade que el análisis del inventario ha puesto de manfiesto "diversas irregularidades, tales como partidas provisionales que permanecen en el tiempo sin tratamiento definitivo, partidas impropias del IGI y partidas insuficientemente documentadas, de las que en algún caso se desconoce su naturaleza".

Respecto a la documentación soporte del inventario se han apreciado casos en los que la tesorería no ha podido acreditar la titularidad del bien, se han puesto de manifiesto "inclusiones improcedentes" y los inmuebles no fueron adecuadamente descritos en el nventario.

Asimismo, no se incorporó en ocasiones el coste del terreno al valor contable de la edificación, y en otras, faltó la documentación necesaria para comprobar la exactitud del valor de la edificación señalado en el inventario.

DEMORAS

El Tribunal de Cuentas también asegura haber detectado que las dotaciones presupuestarias que anualmente se destinaron a la amortización de las edificaciones "no respondieron a criterios técnicos y resultaron progresivamente decrecientes".

"La falta e criterios técnicos en la aplicación de las amortizaciones", agrega, "determinó que los porcentajes de amortización varíen, según que el edificio esté adscrito a una entidad o a otra, y que dentro de una misma entidad también haya variaciones dependiendo de si se trata de un edificio de gestión directa o traspasada".

En el análisis de los edificios en construcción, la auditoría dice que las principales deficiencias se refieren al traspaso de saldos a la Tesorería General "por gastos en edificios aún o terminados o el mantenimiento en la cuenta 'Edificios en Construcción' de edificios ya terminados".

También menciona una deficiente documentación justificativa de los gastos realizados, "demoras en la ejecución de obras" y distintas incidencias relativas a la adjudicación, formalización y ejecución de los contratos de obras. Estas incidencias afectaron sobre todo al Inserso y a la Tesorería General.

El tribunal se queja de que la información que le ha facilitado la tesorería para el análisis delos bienes procedentes de embargos o bienes en trámite de venta "no han reunido condiciones de fiabilidad adecuadas y se ha relevado parcial e incompleta".

La fiscalización subraya la existencia de deudas a la Seguridad Social por impago de rentas por arrendamientos a terceros, así como bienes de la Seguridad Social arrendados a terceros que no fueron incluidos en el inventario general.

El tribunal destaca el "persistente resultado económico negativo" de los bienes inmuebles de la Seguridad Socia que ésta tiene en arrendamiento. "Entre las causas que explican este resultado negativo destacan: la falta de un conocimiento exhaustivo y de un control adecuado de los bienes propios de la Seguridad Social que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene en régimen de arrendamiento; la antigüedad de algunos contratos; la falta de actualización de algunas rentas, y la falta de resolución de arrendamientos por causa de necesidad".

En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas emplaza personalmene al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, a que adopte "las medidas adecuadas para que, en cumplimiento de la normativa vigente, se realice el seguimiento de la situación jurídica y contable y del uso de los inmuebles patrimonio de la Seguridad Social adscritos a las comunidades autónomas".