En la defensa de su enmienda a la totalidad de las cuentas públicas para 2006, Duran advirtió de que esta "no es una buena receta para guiar la acción económica", porque estas cifras "marcan la mitad de la legislatura, y lo que no se impulse este año no se va a conseguir" antes de las próximas elecciones generales.

"En momentos de bonanza prefiero un poco más déficit y mucha más inversión porque genera genera ilusión, que es lo que le falta a estos Presupuestos", prosiguió. "Nuestra economía no es competitiva, y esto puede crearle graves problemas económicas a España, porque amenaza la continuidad del ciclo económico".

A su juicio, el Ejecutivo ha dejado "la gestión de los temas económicos al albur del propio ciclo del crecimiento económico", sin realizar una "lectura dual" con la que constataría "riesgos graves" como la inflación, el déficit exterior, la precariedad y temporalidad en el empleo, la falta de inversión en I+D, los tipos de interés, la pérdida de productividad y el precio del petróleo.

"Actúen hoy y no se arrepientan mañana", aconsejó, para denunciar que en los Presupuestos "no hay ni una sola medida de futuro para la economía española", y tras la decisión de suprimir la Ley de Acompañamiento, ya no queda la posibilidad de incorporar propuestas dinamizadoras para corregir errores e introducir iniciativas para ser más competitivos.

Además, CiU considera que en las cuentas públicas para 2006 se ha reflejado la "actividad legislativa escasa" del Gobierno, que se traduce en partidas también escasas para gastos sociales, para el desarrollo de una política integral de apoyo a la familia que aún no ha llegado y para poner en marcha una Ley de Atención a la Dependencia que se retrasa.

COSTE DE LA DEPENDENCIA

En esta materia se preguntó si el Gobierno es consciente de cuánto costaría la aplicación de una ley de Dependencia que realmente diera respuesta a lo que necesitan las personas mayores y discapacitadas cuando ha previsto una dotación de 100 millones de euros.

Recordó que las estimaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en cuanto al coste de un sistema público de atención a las personas dependientes lo sitúan entre los 7.000 y los 10.000 millones de euros, lo que demuestra que "no es un objetivo prioritario de este Gobierno".

Por otro lado, dijo al ministro de Economía que "ya va siendo hora de afrontar una reforma fiscal que reduzca la presión impositiva", y de replantear la política de gasto para mejorar las pensiones, así como aplicar políticas activas de fomento de empleo.

Finalmente, reprochó al Ejecutivo la insuficiente inversión en Cataluña, aunque se alegró de que haya previsión económica para el cuarto cinturón de Barcelona, infraestructura que considera "vital".