El tribunal responde así a la demanda presentada por el traficante griego Angelos Rigopoulos, quien en enero de 1995 fue detenido a bordo de un barco en el océano Atlántico, que trasportaba 3.000 kilos de cocaína.

El viaje hasta un puerto español tardó 16 días y l condenadó recurrió a los tribunales europeos por considerar que no fue conducido ante el juez de forma inmediata.

La decisión adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos supone que el tráfico de droga en alta mar podrá seguir siendo perseguido y que las numerosas operaciones de este tipo que se realizan tendrán la validez jurídica necesaria para poder condenar a los supuestos narcotraficantes.

Por otra parte, el citado tribunal ha rechazado por unanimidad los recursos de varios narcotrficantes condenados en España, que consideraban que los procedimientos judiciales contra ellos habían violado el Convenio Europeo y vulnerado sus derechos.

El Alto Tribunal Europeo ratifica el correcto funcionamiento de la Justicia española y rechaza las demandas interpuestas por algunos de los implicados en el "caso Nécora", entre ellos la familia Padín Gestoso y el clan gallego Oubiña-Lago.