En su interpelación al delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, la diputada acusó al Gobierno de no desarrollar las medidas legislativas adecuadas para frenar y prevenir este fenómeno, ni de controlar a los sujetos obligados de la ley de blanqueo de capiales (bancos, cajas de ahorro, notarios, anticuarios, etcétera).

Aseguró que en el último año sólo se ha impuesto una sanción administrativa a empresas que se han visto envueltas en operaciones policiales contra el blanqueo de capitales, cuando han sido numerosas las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por delitos de esta índole o relacionados con el tráfico de precursores químicos.

Aunque admitió que su grupo carece de datos estadísticos porque el Gobierno no se los facilit, apuntó que su acusación se respalda con la constatación de que el Fondo de Bienes Incautados a Narcotraficantes es exiguo y no crece proporcionalmente a las operaciones que se realizan, lo que indica que los mecanismos de control "no funcionan".

"En España estamos viviendo un aumento espectacular de operaciones de blanqueo de capitales y lo único que vemos son operaciones policiales espectaculares que luego no se traducen en sentencias judiciales", apostilló la diputada socialista.