En declaraciones a Servimedia, Martinón explicó que ha dirigido una carta al delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, Gonzalo Robles, en el que muesta formalmente el enfado del PSOE con la iniciativa del Partido Popular.

"Este tipo de acciones no favorecen nada el diálogo necesario entre los partidos para lograr una lucha consensuada contra la droga", manifestó el diputado socialista.

El asunto de controversia se refiere concretamente a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la que todos los grupos están en principio de acuerdo, encaminada a regular jurídicamente el "agente encubierto" (miembros de las fuerzas de seguridad qu se infiltran en redes de narcotráfico) y las entregas vigiladas de capitales.

Según Martinón, el Grupo Popular ha presentado en el Registro del Congreso una proposición de ley sobre este asunto "por su cuenta" y sin informar al principal partido de la oposición, desoyendo así el consenso que propugnó Mayor Oreja en su última comparecencia ante los portavoces de droga.

"El ministro nos ofrece negociar una ley y ahora el PP se desmarca presentando una proposición que, seguramente, nos pedirá al reto de grupos que pongamos la firma debajo. Esto es kafkiano", señaló el parlamentario socialista.

BLANQUEO DE DINERO

La proposición del PP prevé que el Ministerio del Interior dote a los "agentes encubiertos" de una identidad falsa durante un tiempo determinado, así como de amparo judicial y medios materiales para desarrollar su tarea dentro de las redes de narcotráfico.

El texto del PP contempla que sea el juez o el fiscal el que apruebe en todos los casos que el agente infiltrado pueda desarrllar labores de carga, descarga o transporte de la mercancía declarada ilegal, así como la adquisición de la misma, siempre que ello redunde en beneficio de la investigación y posterior desarticulación de la organización delictiva.

La iniciativa parlamentaria del PP propone además completar la regulación de la llamada 'entrega vigilada', que hasta ahora sólo se refería exclusivamente al delito de tráfico de drogas, para extenderla también a las investigaciones relacionadas con el "blanqueo" de bienescapitales.