Los portavoces de dicho grupo aseguran representar a más de 120 catedráticos y profesores titulares de Derecho Penal, magistrados y jueces activos en la jurisdicción penal.

El programa diseñado por la Junta de Andalucía constituye, según este colectivo, una iniciativa más en las políticas de reducción de los riesgos derivados del consumo de drogas.

En su opinión, la iniciativa del Gobierno andaluz pretende garantizar que los cosumidores sobre los que no tienen efectos las políticas disuasorias del consumo de drogas puedan realizar éste en condiciones sanitaria y socialmente controladas, de modo que se reduzcan los riesgos para su salud y los efectos nocivos para la salud y seguridad del resto de la sociedad derivados de la obtención de la droga en el mercado ilícito.

Para estos jueces y profesores de Derecho Penal, la utilización de un experimento como el diseñado por la Junta de Andalucía sería "una buena muestra de que laracionalidad puede imperar, aunque sea en una mínima parte, en un ámbito de la política social tan necesitado de ella".