Montserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), dijo a Servimedia que es muy positivo que exista un fondo e bienes procedentes de los narcotraficantes destinado a la prevención de las toxicomanías.

Sin embargo, esta asociación entiende que no pueden subastarse dichas posesiones hasta que no sea dictada una sentencia condenatoria firme, porque, de lo contrario, se vulneraría el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Otra cuestión sería, añadió Comas, reforzar las medidas cautelares y embargos preventivos en fase de instrucción tanto de bienes inmuebles como de bienes muebles de los imutados por los delitos de narcotráfico, a fin de garantizar que no se volatilicen.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, manifestó a Servimedia que la venta de bienes de las personas que están sujetas a un procedimiento por un delito de narcotráfico tiene como principal objeción que no se ha producido una sentencia firme y, por tanto, que no existe condena, lo cual podría estar quebrando el principio de la presunción de inocencia.

"Se staría liquidando el patrimonio de unas personas sin saber si son culpables o inocentes. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque fecta a la presunción de inocencia", añadió Requero.

El portavoz de la APM se refirió también a la solución apuntada por Rajoy de una póliza de seguros para que en el caso de que hubiese sentencia absolutoria se indemnizase al acusado. A su juicio, esto no deja de tener también riesgos, porque puede haber bienes que son fácilmente evaluables, pero hay otros, como los obetos de arte, que pueden tener un valor superior al puramente material.