Uno de los fallos, del Tribunal de Justicia de Madrid, confirma la denegación de la paralización de las obras solicitada por la Asociación de Vecinos "La Flor" del barrio del Pilar, y la otra, del Juzgado de lo Contencioso 18 de Madrid, desestima un recurso interpuesto por IU contra los 12 primeros proyectos de la remodelación de la circunvalación madrileña.

La concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, destacó ante los medios de comunicación la importancia de ambas sentencias, que, dijo, confirman la legalidad de las obras, y destacó que la segunda de ellas supone un "importante varapalo" para IU y su portavoz, Inés Sabanés, porque "le quita la razón en lo jurídico y en lo político".

Para el ayuntamiento, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia es muy importante, ya que supone el primer pronunciamiento de este órgano judicial, el de máximo nivel en la Comunidad de Madrid. El juez considera que no se aprecian los daños que los vecinos habían alegado y rechaza la paralización de las obras solicitada.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso señala que los proyectos aprobados por el ayuntamiento cumplen la normativa aplicable y desestima los argumentos de IU sobre la necesidad de someter los proyectos a evaluación de impacto ambiental.

Martínez recordó que ya hay 9 sentencias sobre las obras de la M-30 que dan la razón al ayuntamiento, y aseguró que la reforma de la M-30 estará terminada y en funcionamiento en 6 meses. Destacó que frente a la confrontación de la oposición ante las obras, "hay un Gobierno comprometido con los ciudadanos trabajando con empeño y eficacia en lo comprometido".

Por su parte, Inés Sabanés dijo que respeta la sentencia, pero no la comparte, y anunció que en menos de quince días presentarán un recurso de apelación contra la misma, porque "estamos firmemente convencidos de que nos asiste la razón, que se ha incumplido la normativa europea y que el procedimiento de impacto ambiental ha incumplido de forma contundente la normativa europea".

Sabanés destacó la contradicción que existe entre la posición jurídica española en este contencioso y la posición europea en contra de cómo se están llevando a cabo las obras. Además, acusó al ayuntamiento de ocultar un informe importante de unos consultores, que, indicó, habla de un sobrecoste en las obras de más de 300 millones de euros y que apunta que no es posible que algunas obras estén finalizadas antes del próximo mes de agosto.