El Ministerio de Administraciones Públicas cuestiona la legalidad del sistema de promoción interna de los funcionarios públicos, ideado por el consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y a la vez 'número dos' de los populares canarios, Ignacio González, quien insiste en defender la legalidad de una cláusula que limita el ascenso de la ategoría B a la A de los funcionarios que ingresaron en la Administración canaria antes de 1987.

El recurso promovido por Sanidad da al traste con la intención de Coalición Canaria, que dirige el Servicio Canario de Salud, de disminuir el gasto farmacéutico. Dicho servicio pretendía que los facultativos canarios recurrieran siempre a la marca de fármacos más barata.