Esta asociación explicó que hace dos semanas ambas mujeres fueron detenidas or la policía en una calle de Madrid, y que habían recibido el permiso de trabajo y residencia hace dos días.

La justificación que el Gobierno español ha esgrimido para su expulsión es que en el mes de julio las dos nigerianas renunciaron a su solicitud de asilo.

Sin embargo, la URA precisó que, como muchos otros refugiados, las jóvenes habían renunciado, "siguiendo la propaganda gubernamental para que se acogiesen al proceso de regularización de inmigrantes y a la presión que supone la paralizacón de las concesiones de asilo, la negación del permiso de trabajo, subsidio y alojamiento".

Para poder acceder a la regularización, además de rechazar el asilo, pagaron 200.000 pesetas a un abogado sin escrúpulos que les facilitó un precontrato de trabajo que resultó ser falso.

En opinión de la URA, la expulsión constituye un peligroso precedente para los refugiados y, en general, para los que se acogen al proceso de regularización.

La Unión de Refugiados señaló que, según las noticias procdentes de Nigeria, ambas mujeres fueron detenidas por la policía de la dictadura de aquel país africano.