Así se desprende de la encuesta sobre morosidad realizada por la patronal catalana Fomento del Trabajo. Este sondeo, para el que han sido consultadas 2900 empresas de Cataluña, ha sido realizado ante los cambios legislativos que se avecinan en materia de morosidad, ya que antes de agosto de 2002 deberá haberse adaptado el derecho español a la directiva sobre morosidad europea, que establece unos mínimos de obligado cumplimiento, aunque deja libertad a los Estados para legislar por encima de esos mínimos.

La encuesta de Fomento del Trabajo muestra también que la morosidad afecta por igual a todas las empresas, con independencia de su tamaño o sector e actividad al que pertenecen. Según sus datos, el 82,7% de las empresas catalanas afectadas por la morosidad dicen que este problema ha tenido reflejo en una falta de liquidez o quebranto de tesorería, y un 4,5% se vieron obligadas a presentar suspensión de pagos.

Por otra parte, el 32% de los encuestados apoya el derecho del acreedor a reclamar al deudor compensación por los perjuicios ocasionados, y el 30% es partidario de preservar el derecho del acreedor a reclamar, en caso de incumplimiento de pgo, la devolución de los bienes objeto de la transacción.

Un alto porcentaje (el 65%) cree que el acreedor debe tener derecho a reclamar intereses de demora, y, aunque un 49% opina que el interés debe devengarse automáticamente a partir del día siguiente a la fecha de incumplimiento de pago, sólo un 15% estima que el tipo de interés debe ser el de referencia del Banco Central Europeo más ocho puntos, es decir, el establecido en la directiva comunitaria.

La encuesta pone de manifiesto también que asi la mitad de las empresas catalanas contrata como plazos de pago entre 60 y 90 días, y una gran mayoría (el 91,3%) a más de 30 días. Además, ante un incumplimiento de pago, tres de cada cuatro empresas realiza gestiones amistosas antes de acudir a la vía judicial, que queda relegada a un segundo término (22,8%).

Entre las medidas para prevenir o solucionar el problema de la morosidad, el 73% de las empresas catalanas son partidarias de una jurisdicción mercantil rápida y eficaz. El 65% reclama un pocedimiento legal de cobro acelerado de deudas no impugnadas y el 90% está a favor de unos procedimientos judiciales ágiles y poco costosos. El 70% propone procedimientos simplificados para deudas no superiores a 4 millones de pesetas.

Además, la mayoría de las empresas catalanas (el 63%) apoya la tipificación penal del cheque en descubierto, y más de un tercio (un 36%) cree que puede ser una experiencia interesante crear un registro de "buenos pagadores".