La sentencia relata que el condenado se incorporó a su destino en el Acuartelamiento 'Sancha Brava' en la Plaza de Badajoz el 19 de mayo de 1997, para abandonarlo tres días después. El 25 de junio de ese mismo año compareció ante el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 para declararse insumiso y rehusar definitivamente al cumplimiento del servicio militar.

El Supremo cnsidera que el insumiso debió haber expuesto sus objeciones políticas e ideológicas al cumplimiento del servicio militar antes de firmar su incorporación a filas, pues lo contrario está tipificado en el Código Penal Militar como deserción en tiempo de paz.

En este sentido, indica que no es admisible que "quien se incorporó al Ejército sin acudir al reconocimiento previo de la condición de objetor de conciencia, con la idea premeditada de declararse insumiso en el cuartel, (...) pueda acogerse a su dercho a la libertad ideológica y de conciencia para oponerse al deber de cumplir el servicio militar".

Asimismo, el Alto Tribunal insiste en que no existe ningún tipo de contradicción entre el derecho a la libertad ideológica y "el derecho y deber de defender a España", pues "tienen, ambos, rango constitucional".

"Resulta sumamente contradictorio que quien firma el modelo oficial de incorporación a filas ignore que en él textualmente se hace constar que la persona que lo hace 'ha sido informada de ue con esta presentación queda oficialmente incorporado a las Fuerzas Armadas, y adquiere la condiciónde militar, siendo por ello titular de los derechos y asumiendo los deberes de tal condición", añade la sentencia.

Por ello, el Supremo rechaza todos los motivos del recurso presentado por el insumiso contra la sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Primero, que condenaba al insumiso a dos años y cuatro meses de cárcel, y ratifica esta decisión.