La denuncia se basa en la supuesta responsabilidad de Isabel Tocino en los efectos que el vertido de las minas de Aznalcóllar tendrán sobre el Parque Nacional de Doñana, cogestionado por la Junta de Andalucía y la Administración central.

La demanda, la primera que se presenta contra la ministra como consecuecia del vertido de Boliden, cuenta con el respaldo de las nuevas fuerzas políticas Izquierda Andaluza e Izquierda Madrileña.