Narbona no quiso exigir dimisiones a los actuales gestores de las Administraciones Públicas, pero pidió al Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía que no eludan responsabilidades.

A su juicio, tanto la Ley de Aguas como el nuevo Código Penal son de aplicación en este caso, ya que la primera norma prohibe el depósito de sustancias que pueden contaminar los ríos, mientras que l segunda tipifica como delito ecológico la creación de vertederos con residuos tóxicos que entrañen un riesgo para el medio ambiente o la salud pública.

Por este motivo, la portavoz del PSOE consideró injustificado que Tocino haya exculpado las actuaciones de la Administración hidráulica, al mostrarse convencida de que los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cometieron un error al no evaluar adecuadamente los riesgos de la balsa de residuos de la empresa minera tanto en la eapa socialista como en la actual.

Incluso llegó a sugerir la posibilidad de que haya responsabilidades penales entre miembros de la Administración Pública si se demostrara que no se actuó pese a tener conocimiento de los riesgos.

Narbona recordó que la actual ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, prometió en la oposición que el PP actuaría cuando llegara al Gobierno para eliminar el riesgo que suponía para la comarca de Doñana la presencia de los lodos de las minas de Aznalcóllar, pese a locual no intervinieron cuando hubo cambio de Ejecutivo.

Asimismo, la diputada socialista señaló que su grupo parlamentario reconoce las responsabilidades de todas las administraciones, y anunció que solicitarán la comparecencia de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ante el Congreso de los Diputados para que expliquen el alcance del vertido.

ESPECTACULO LAMENTABLE

Además, dijo que los políticos "estamos dando un espectáculo lamentable", al tiempo que calificó de desafortnadas las declaraciones que hizo la ministra Isabel Tocino, en las que acusaba a los ecologistas de esconderse ante el desastre de Doñana.

Por el contrario, se mostró convencida de que la catástrofe podría haberse evitado si los poderes públicos hubieran atendido las denuncias de los ecologistas sobre el riesgo que entrañaba la presencia de la balsa de las minas de Aznalcóllar que almacenaba los lodos tóxicos.

Narbona apuntó que "no basta con aplicar el principio de 'quien contamina paga'", ya qu aseguró que "algunas cosas no tienen precio" y añadió que los daños en algunas zonas pueden ser irreversibles.

Respecto a la responsabilidad de la empresa Boliden, propietaria de las minas, lamentó que la actual legislación sobre residuos no impone las mismas exigencias a la industria minera que al resto de actividades económicas, lo que dificulta actuar desde los tribunales contra este tipo de empresas.

La portavoz socialista indicó que la legislación no delimita claramente la responsabilidad d la industria minera en la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos que genera.

En este sentido, la diputada anunció que su partido volverá a reclamar la creación de una Fiscalía General de Medio Ambiente, para paliar las carencias de medios que sufren las fiscalías para perseguir los delitos contra el medio ambiente.