Medio Ambiente explica que, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, no solo ha seguido el procedimiento establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para Obras de Emergencia, (como son todos los derivados de la balsa minera), sino que a reforzado el procedimiento con otra serie de cautelas administrativas que garantizan que en su día, se puede recuperar todo lo gastado de quien resulte responsable.

"La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, consciente de que los precios que hubieran de pagar las dos administraciones, Estatal y autonómica, deberían ser similares, tuvo la suficiente lealtad institucional como para, aún estando preparada para adquirir los terrenos, esperar varias semanas hasta que hubo conocimiento público de lo precios que la Junta tenía pensado ofrecer", señala la nota.

"En ese momento", agrega Medio Ambiente, "la CHG utilizó dichos precios contrastados con la Consejería de Agricultura de la Junta y aceleró su procedimiento que ha llegado a buen término, habiéndose ajustado e incluso pagado a una buena parte de los propietarios afectados con satisfacción para todas las partes".

Según el ministerio, "como contraste de ello, la Junta ha intentado manipular a los propietarios, incluso con normas de dudos legalidad como sucede con la autorización de entrada que implica toda presentación de oferta".

"La Junta no solo no hace las cosas como se deben hacer, sino que se permite el lujo de criticar a quien sí ha cumplido con su deber. Lo que sufre aquí no es sólo el honor de los funcionarios de la CHG, sino el interés de los ciudadanos afectados y el principio de lealtad institucional entre administraciones que el señor consejero Blanco se empeña en desconocer. Afortunadamente, no es una actitud generalizaa de la Junta de Andalucía, como demuestra el buen talante de José Antonio Viera, delegado de la Junta en Sevilla".