Chaves visitó, junto a la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, y algunos de los científicos que participan en el programa de investigación del Corredor Verde de Guadiamar, las zonas afectadas por el vertido.

La retirada de lodos tóxicos y los métodos empleados para reducir la contaminación han permitido que algunas especies, que desaparecieron tras el vertido, recolonicen los márgnes y el cauce del Guadiamar, entre ellas, la nutria.

Sin embargo, la Junta de Andalucía reconoce que sigue existiendo contaminación por la presencia de metales pesados, sobre todo en los suelos que quedaron cubiertos por los lodos tóxicos, aunque Chaves indicó que los nivlees son más bajos de los que preveían los propios científicos.

El presidente de la Junta de Andalucía recordó que las administraciones públicas han invertido hasta la fecha 35.000 millones de pesetas en rehabilitación, expropiaión de fincas contaminadas y el Programa Científico el Corredor Verde.

De esta cantidad, 27.000 millones de pesetas los ha aportado la Junta y 8.000 millones la Administración central. A estos datos hay que añadir los 8.000 millones que invirtió la empresa prpietaria de la mina, Boliden Apirsa, en los trabajos de retirada de los tóxicos.

ACCIDENTE SIN PRECEDENTES

Chaves reconoció que, en un principio, las administraciones públicas actuaron con improvisación, ya que, según explicó, se trató de u accidente sin precedentes.

Respecto a la suspensión de pagos acordada por Boliden Apirsa, el presidente de la Junta indicó que si la empresa ambandona la mina en octubre, tal y como tiene previsto, la decisión provocará "un problema laboral en la zona".

Sin embargo, señaló que su Gobierno mantiene negociaciones con otras empresas que podrían explotar la mina, aunque reiteró que no se rebajarán los criterios de seguridad y ambientales establecidos para su explotación.

Por lo que se refiere ala decisión del Juzgado de Sanlúcar la Mayor, que instruye la causa abierta para delimitar responsabilidades penales, Chaves recordó que la Junta ha recurrido esta decisión.

Sin embargo, Guido Schmidt, portavoz de la organización ecologista WWF/Adena, apuntó que, además de las responsabilidades judiciales que se deberían haber derivado de este proceso, el vertido debió provocar dimisiones políticas. En este sentido, reclamó a la Consejería de Industria andaluza que no eluda sus responsabilidades.

Schmidt reclamó un imventario español y europeo de balsas mineras, que también debería incluir la de Aznalcóllar, ya que la balsa siniestrada acoge al 95 por ciento de los residuos que contenía en el momento del accidente. Al respecto, el portavoz de WWF/Adena dijo que el sellado de la balsa que ha realizado la empresa, "es mejorable".

Por el contrario, Guido Schmidt alabó el Programa Científico Corredor Verde y lo equiparó a los proyectos de rehabilitación de tramos fluviales en el Danubio y el Rhin. Carlos Montes, coordinador del Programa Científico Corredor Verde, dijo que el proyecto, en el que participan 300 personas, hace que la zona del Guadiamar sea una de las zonas más controladas ambientalmente de toda Europa.