Los ecologistas lamentan que, a pesar de que la documentación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está todavía en período de información públia, los consejeros de Industria y Medio Ambiente de la Junta se hayan adelantado para anunciar que en esta semana se estará en condiciones de otorgar los permisos de reapertura de la mina.

El anuncio responde, a juicio de Greenpeace, a "las presiones de la multinacional Boliden para conseguir garantías inmediatas de reapertura y paliar el efecto que el cese de la actividad de su filial en Aznalcóllar podría tener sobre la ampliación de capital que la empresa inició recientemente".

"La Junta de Andlucía y el Ministerio de Medio Ambiente actúan como auténticas marionetas, movidas por los caprichos de una multinacional que no ha asumido su responsabilidad en una de las mayores catástrofes medioambientales en Europa", declaró Pablo Mascareñas, responsable de la campaña de tóxicos de Greenpeace.

A juicio de Mascareñas, "es necesario que, de una vez por todas, las administraciones españolas dejen de ceder ante los intereses de Boliden e impedir la reapertura de la mina, para que, de esta forma, se grantice el futuro de Doñana y de sus gentes".

Respecto a las propuestas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre utilización de plantas transgénicas para eliminar la contaminación de los suelos, la organización ecologista recuerda el peligro asociado al uso de este tipo de cultivos en el entorno de Doñana.

"Existen suficientes pruebas sobre los daños que han producido estos sistemas, mediante la introducción de especies extrañas en otras partes del mundo, como para permiti una actuación de estas características. En lugar de solucionar un problema, se podría generar uno nuevo de invasión y alteración de los ecosistemas", afirmó Xavier Pastor, director de Greenpeace.