La empresa Bliden-Apirsa ha recibido ayudas de la Comisión Europea, en su partida de ayudas regionales. El Parlamento propone que, una vez cuantificados los daños, la empresa sueca tenga que renunciar a los fondos y reorientarlos hacia las tareas de limpieza y regeneración. No sólo no podrá disponer libremente del dinero que aún no ha recibido, sino que podría incluso tener que devolver lo que ya ha ingresado.

Se trata de aplicar el principio "quien contamina paga", recogido en el Tratado de Amsterdam, aunque ést aún no haya entrado en vigor.

ENMIENDAS

Sin embargo, no todos estaban satisfechos con la resolución, ya que consideran que no va suficientemente lejos. Un grupo de eurodiputados encabezados por las españolas Carmen Díez de Rivera (PSOE) y Laura González (IU) y el presidente de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Ken Collins, habían presentado tres enmiendas que endurecían la resolución.

Las tres propuestas señalaban la necesidad de calificar el desastre de Doñana de "catástrofe". Tambén consideran urgente el diseño de un plan de recuperación de las zonas contaminadas con la participación de observadores de la UE y asociaciones de protección del medio ambiente. La última enmienda proponía que la Comisión Europea colaborara con las autoridades en la investigación de las causas y responsabilidades de la catástrofe.

Los tres párrafos propuestos revelaban la falta de confianza en la depuración de responsabilidades a nivel de la Junta de Andalucía y del Gobierno español. Estas enmiendascontaban con el apoyo de los liberales, los verdes y algunos otros diputados individuales. Sin embargo, no contó con mayoría para su aprobación.