Blanco señaló que los únicos documentos pendientes de aprobación son la evaluación de impacto ambiental, que tramita su consejería, y la autorización de vertido, que debe conceder la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El consejero andaluz dio por seguro que ambos documentos serán positivos, por lo que se mostró convencido de que "la Administración no va a cerrar la mina".

Asimismo, indicó que Boliden-Apirsa reiniciará la actividad, ya que, a su juicio, no existenmotivos para pensar que no resultará rentable.

Sin embargo, Blanco insinuó que sólo el posible interés de los propietarios de la mina en cobrar la indemnización, cifrada en unos 10.000 millones, a que tendrían derecho merced al seguro suscrito por Boliden-Apirsa si la mina cerrara por causas no imputables a la propia empresa, podría motivar la no repertura de la instalación.

No obstante, el consejero de Medio Ambiente negó que la decisión de autorizar la reapertura se vaya a realizar bajo presión ante la repercusión que tendría un dictamen negativo en los puestos de trabajo, directos e indirectos, imputables a la actividad minera.