Fuentes de Asaja aseguraron hoy a Servimedia que el informe pericial remitido por las catedráticos de la Universidad Politécnica de Cataluña al Juzgado número dos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) podría agilizar el pago de indemnizaciones a los agricultores afectados por el vertido tóxico. "Los que no vendieron", indicaron, "siguen esperando que se delimitn responsabilidades para exigir todos sus derechos".

Según los datos de la organización agraria, alrededor del 85 por ciento de las tierras que resutaron afectadas pertenecen en la actualidad a la Junta de Andalucía, que las compró o las expropió tras pactar un precio con los propietarios.

Sólo unas 400 hectáreas continúan en poder de quienes las poseían cuando en abril de 1998 la balsa de residuos mineros se rompió y contaminó el cauce del Guadiamar y las tierras agrícolas que se extendían a susmárgenes.

Asaja calcula en 26.000 millones de pesetas las pérdidas que el vertido provocó a la agricultura de la comarca, en concepto de pérdidas de cosechas, de suelo, de infraestructuras y de jornales.

Hasta la fecha, los agricultores sólo han percibido una indeminización por la pérdida de la cosecha del primer año, que desembolsó la empresa minera, Boliden Apirsa, y que en conjunto no alcanzó los 2.000 millones de pesetas.