Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita de la diputada de ERC Marta Rosique, a la que ha tenido acceso Servimedia.

El Gobierno aprobó en mayo un real decreto ley, que entró en vigor en agosto, que obligaba a las empresas de distribución a domicilio a contratar como asalariados a los repartidores que trabajaban como falsos autónomos.

El Ejecutivo detalla que “desde agosto de 2021 hasta la fecha de emisión de la respuesta parlamentaria (el 31 de enero), se han finalizado 145 expedientes relativos al encuadramiento de trabajadores en todo tipo de plataformas, que han dado lugar a la constatación de 2.601 falsos autónomos, 682 mujeres y 1.919 hombres”, a los que se les ha pasado a encuadrar en el Régimen General de la Seguridad Social.

El Gobierno precisa además que se han iniciado procedimientos liquidatarios de cuotas de seguridad social por un valor de 4,60 millones de euros.

La respuesta también informa de que se encuentran en curso por esta causa un total de 526 expedientes distribuidos en las distintas inspecciones provinciales.