Dirigentes del PSOE encabezados por el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas, Álvaro Cuesta, trabajan en fomentar la laicidad en todos los ámbitos, aunque algunas de sus propuestas no gozan de respaldo mayoritario dentro del partido, donde también hay una fuerte corriente partidaria de respetar las tradiciones cristianas.

El grupo de Álvaro Cuesta celebró hace unos días una jornada de reflexión que ha dado pie a un documento de conclusiones sobre "La laicidad como marco para la libertad", y que está incluido en la documentación oficial de trabajo en el partido.

Consta de 13 páginas, en las que se argumenta la inconstitucionalidad del actual modelo y se propone una alternativa "plenamente compatible" con el ordenamiento jurídico español.

Se trataría de "potenciar" los donativos de los fieles "incentivando la deducción fiscal" de las aportaciones, y eliminando la aportación estatal.

"Es precisa la mentalización de los fieles acerca de su deber de sostener económicamente a la Iglesia por medio de sus donaciones. Si esta mentalización no se consigue, es previsible que el problema permanezca indefinidamente", advierte.

4 EUROS POR CATÓLICO

Calculan que la Iglesia debería recibir 144 millones de euros anuales. Dividido entre los 44 millones de personas residentes en España, a cada una de ellas le correspondería pagar 3,27 euros.

Si la división se hace entre el 80% de la población que se define como católica en las encuestas, a cada uno de esos "católicos sociológicos" le tocaría pagar 4,09 euros.

Entre el 20% de la población que se dice católica practicante, cumple sus obligaciones religiosas y asiste a misa al menos una vez a la semana, la cuota anual sería de 16,36 euros.

Para "incentivar la contribución" a esas cargas, añade el documento, el Estado podría subir el tipo de desgravación de las donaciones, 5, 10 ó 15 puntos porcentuales, tendiendo con ello a la equiparación con modelos "mucho más evolucionados que el español, como el de Estados Unidos".

ETAPAS

El documento incluye dos "medidas de precaución" que deberían acompañar a este modelo: un límite en la cantidad deducible per cápita, y la exigencia de que los donativos se hagan a través de cuentas restringidas abiertas en el Banco de España.

También aporta "fórmulas de transición" para alcanzar progresivamente este modelo y que conllevarían el compromiso de ambas partes sobre "la irreversibilidad del proceso".

Una primera fase consistiría en mantener la asignación tributaria con recaudación mínima garantizada, que podría durar un máximo de tres años.

En la segunda etapa desaparecería el compromiso de aportación mínima del Estado y podría extenderse entre tres y cinco años. La tercera fase comenzaría con la autofinanciación, y el Estado se limitaría a aplicar los incentivos fiscales.

El documento está especialmente dirigido a corregir lo que considera un claro agravio que favorece a la Iglesia Católica, pero precisa que este modelo debería aplicarse a todas las confesiones.

El modelo, dice el documento, "sería perfectamente respetuoso con los principios constitucionales de libertad religiosa, neutralidad del Estado, y separación Iglesia-Estado, así como con los de igualdad y no discriminación".

Se trata, además, de un modelo "que parte de la base de la madurez de los creyentes españoles a la hora de asumir sus compromisos morales y económicos con la confesión religiosa cuyo credo dicen compartir, y de la propia actitud del colectivo para incentivar tales conductas que económicamente afectan a cantidades irrisorias de dinero".

LO ACTUAL, "INADMISIBLE"

La propuesta se formula a partir de una serie de premisas derivadas de la redacción del artículo 16.3 de la Constitución, según el cual ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal.

Aunque la definición que de ello se deriva es "aconfesional", el documento recuerda que el Tribunal Constitucional utiliza desde hace años el término "laicidad" para referirse al modelo que la Carta Magna preconiza en las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas.

De ello se derivan varios principios, explica, como la separación entre el Estado y las confesiones religiosas, la neutralidad religiosa del Estado o el principio de cooperación.

Consideran los redactores de este documento que esos principios han sido vulnerados en numerosos ámbitos, sobre todo con el modelo de financiación instaurado "temporalmente" para asegurar las aportaciones a la Iglesia Católica mientras lograba su autofinanciación, comprometida desde 1979.

La actual "sobrefinanciación pública", que cifran en más de 40 millones de euros anuales, es, sentencian, "constitucionalmente inadmisible".

Urgen por ello a aprovechar la revisión del sistema, que debe acometerse antes de enero de 2007, para adecuarlo a los principios constitucionales de laicidad e igualdad, y cumplir el compromiso de la Iglesia de lograr por sí misma los recursos suficientes para atender sus necesidades.