El docente explicó que, aunque este curso su intérprete se incorporó poco antes de Navidad, la Consejería decidió cesarlo el pasado 29 de enero. El motivo alegado fue la “supuesta ocultación de una enfermedad preexistente”, en referencia a la ansiedad que, según Sampedro, le provocó la falta de ajustes razonables en su puesto de trabajo. “Cuando firmé el nombramiento no la padecía y cuando dispongo de intérprete en el instituto, tampoco”, sostuvo.

El afectado consideró que su cese vulnera la legislación nacional e internacional sobre inclusión laboral. Recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España, obliga a garantizar un entorno accesible, al igual que la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Estatuto Básico del Empleado Público.

Sampedro subrayó que la Consejería de Educación de Canarias promueve políticas de inclusión, pero afirmó que “se quedan en papel mojado” cuando no se garantizan los recursos necesarios para que un docente sordo trabaje en igualdad de condiciones.

El profesor presentó un recurso potestativo de reposición para exigir la anulación de su cese, el respeto a sus derechos y el refuerzo de mecanismos de supervisión que eviten futuras vulneraciones. “El mío no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática estructural que exige respuestas inmediatas”, advirtió.

Asimismo, instó a las autoridades educativas a actuar “con responsabilidad y justicia” para evitar que otros docentes con discapacidad sean apartados de su labor por falta de accesibilidad. “La inclusión no es un privilegio, es una obligación”, concluyó.