La operación, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, incluyó 32 registros en empresas y domicilios particulares.

Las detenciones se praticaron en ocho provincias españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valladolid y Albacete, en donde, al parecer, los ganaderos usaban una serie de productos químicos importados de Suiza, cuya venta está especialmente prohibida para el consumo animal.

Asimismo, la operación permitió desmantelar un laboratorio clandestino en Reus (Tarragona), en donde se mezclaban los productos químicos importados desde Suiza y se comercializaban ilegalmente entre los ganaderos.

El Ministerio de Sandiad colaboró cn su asesoramiento en esta operación y destacó que en España está totalmente regulada la prohibición de sustancias químicas para el engorde de ganado, por los daños que pueden ocasionar en la salud de los consumidores.

El director de Juan José Francisco Polledo, director de Salud Pública, aplaudió la operación y señaló que contribuyen a "diferenciar quién en el sector de la producción animal hace las cosas correctamente y quien entra ya en prácticas fraudulentas".