En declaraciones a Servimedia, Comas recordó que "los jueces estamos vinculados sólo a la Cnstitución y las leyes que se aprueban democráticamente en el Parlamento. La ley del divorcio existe desde 1981, y los jueces no podemos hacer objeción de conciencia y dejar de aplicarla en función de criterios religiosos".

La magistrada, perteneciente a la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), recordó al "jefe de la Iglesia católica" que estos criterios "son respetables pero se deben aplicar exclusivamente en el ámbito privado".

Recalcó que "a estas alturas, el Papa debe saber ue existe una separación nítida entre el Estado aconfesional y el derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos".

Por ello, insistió en que "las recomendaciones del Papa deben restringirse al ámbito que le es propio, es decir, la comunidad católica, y no realizarse con carácter universal, como se pretende".