El documento elaborado por Javier Matía, Jaime Montalbo y José Rodríguez de la Borbolla aboga por la redefinición del despido colectivo, "en términos más coherentes con la legislación comunitaria", manteniendo la autorización administrativa previa para los mismos.

También amplía las posibilidades de modificación de condiciones de contrato por parte del empresario, restableciendo el concepto de causalidad.

El texto recoge la necesidad de desarrollar la movilidad funional a partir de la sustitución de las actuales ordenanzas de trabajo y pide una mejora del servicio de colocación con la necesaria colaboración de entidades territoriales e institucionales.

El dictamen del CES apuesta, asimismo, por una reordenación de las modalidades de contrato de acuerdo con el principio de causalidad y suprimir la contratación para el fomento de empleo.

Existe también la propuesta de un contrato de aprendizaje, junto a los de práctica y los de formación, con los estímulos qe, "sin desvirtuar su componente formativo, lo convierten en un medio eficaz de integración de jóvenes en el mercado de trabajo".

En esta primera discusión, el secretario de Acción Institucional de UGT, Emilio Castro, aseguró, antes de perfilar el dictamen, que "la cuestión básica no es la necesidad de reformar esa regulación, sino cuál ha de ser el sentido y los objetivos de las mismas. Habrá que abordar las modificaciones necesarias para corregir o eliminar negativas consecuencias".

Los sindicaos calificaron la propuesta del Gobierno como fundamentalmente ideológica y dijeron que se inspira en la teoría liberal del Estado mínimo. La regulación del mercado de trabajo, según las centrales, no conllevará, como afirma el Gobierno, la creación de empleo.

Castro calificó de "totalmente inaceptable" basar el mercado de trabajo en la segmentación, porque existe un conjunto de trabajadores estables "sobreprotegidos", y otro de trabajadores precarios que tienen fuertemente reducidos sus derechos.

Sobre la posibilidad de restablecer el principio de "causalidad", las centrales aseguraron que ese es un objetivo central, aunque "existe una contradicción en que haya una causalidad y al mismo tiempo se potencie el contrato a tiempo parcial y las empresas de trabajo temporal".

Por su parte, Juan Jiménez Aguilar, de la CEOE, propuso eliminar el tope máximo de tiempo de trabajo (los dos tercios de la jornada habitual) que hoy se impone al contrato a tiempo parcial, dejándose libertad a las partes en eta materia.