En opinión de sus representantes, la política del Gobierno Vasco respecto a este colectivo, ha pasado de ir retirándoles derechos para ofrecerles beneficiencia, algo que ellos rechazan.

Esta Confederación reconoce que en estos cuatro años se ha avanzado bastante, a pesar de lo cual cree que no ha abido voluntad política para desarrollar todo lo que marcan las leyes.

En el País Vasco, se calcula que un 9% tiene algún tipo de minusvalía o incapacidad física. De ellos, unos 12.000 están inscritos en esta Confederación.

Las quejas más importantes planteadas por este colectivo se refieren a aspectos tales como la existencia de barreras arquitectónicas. En este sentido han denunciado lo que, en su opinión, "ha sido una tomadura de pelo por parte de los responsables del departamento de Urbanismo.

También creen que se les ponen barreras en los centros sanitarios, y se han quejado de la política de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) en cuanto a la subvención de ortoprótesis. En cambio, se han mostrado satisfechos con la política desarrollada por los departamentos de Educación y Transportes, especialmente en Eusko Trenbideak (Ferrocarriles Vascos).