El texto, de 43 artículos y varias disposiciones, establece la creación de un Fondo para la Supresión de Barreras financiado con partidas presupuestarias y con los ingresos procedentes de la rcaudación de las sanciones que recoge la ley.

Parte del fondo se destinará a subvencionar programas de los ayuntamientos para la supresión de barreras en el espacio urbano y rural, y el resto a apoyar programas de entidades privadas y particulares, así como a la dotación de ayudas técnicas.

La norma prevé multas de 100.000 a un millón de pesetas para las infracciones leves; de uno a diez millones para las graves, y de diez a cincuenta millones para las muy graves.

La ley regula las distintasmedidas de control que competen tanto a la administración autónoma como a las corporaciones locales y colegios profesionales.

CONSEJO

Asimismo, se crea el Consejo Gallego para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras como órgano de participación y consulta.

Este consejo, adscrito a la Xunta de Galicia, estará compuesto por un número máximo de 15 miembros en representación de la comunidad autónoma, ayuntamientos, entidades públicas y privadas, asociaciones y colegios profesionles con intereses en la materia.

Las correspondientes administraciones públicas gallegas elaborarán los planes de adaptación y supresión de barreras previstos en la ley en un plazo de dos años desde su entrada en vigor, tres meses después de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.