Alvarez de Miranda afirmó "que el registro de minusválidos demandantes de empleo apenas tiene operatividad en las oficinas de colocación. No están coordinadas con los centros ocupacionales y no disponen de medios personales ni materiales para atenderlos".

El Defensor del Pueblo, que ayer presentó en el Congreso su informe anual, señaló que de 29 oficinas del Inem visitadas por esta institución, 23 eran accesibles a los discapaitados, "situación muy distinta de la que existe en numerosos organismos públicos y edificios privados, que no han eliminado aún las barreras arquitectónicas".