El informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 1996 señala que es preciso elevar el actual tope mínimo del 3 por ciento de reserva de empleo para personas con discapacidad y que así se va a solicitar al Parlamento.

"Esta idea", explico Montes, "nos parece acertada, y además la ley actual no impide que que la reserva supere el 3%. La petición del Defensor del Pueblo la contempla la legislación vigente. Nuestro sidicato no ve con malos ojos que las personas con discapacidad puedan optar a puestos de la Administración".

Según la legislación actual, en todas las ofertas de empleo público de todas las administraciones del Estado se reservará como mínimo un 3 por ciento de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

"Esta reserva", añadió Montes, "no es sólo para la oferta pública de empleo, sino también en los procesos de promoción interna, en los que también se reserva como mínimo el 3 por ciento.

El vicepresidente nacional del sindicato de funcionarios CSIF se mostró aprtidario de impulsar la formación profesional de las personas con discapacidad, lo que facilitara la incoporación de los discapacitados al mundo del trabajo.