En Bélgica son unas 22.000 las personas discapacitadas integradas en el mundo laboral. No obstante, no están protegidas por el convnio laboral colectivo. Es decir, los empresarios no están obligados a pagarles el mínimo establecido para el resto de los trabajadores, sino el 80 por ciento (unas 850 pesetas brutas por hora). Antes del 1 de julio, según ha establecido el Consejo Nacional del Trabajo, esta discriminación deberá haber desaparecido.

Esta subida de los salarios afecta directamente a los poderes públicos -ya que estos empleos están subvencionados parcialmente- y a los empresarios. Entre éstos, no faltan los recelos. Alguos temen que la aplicación del salario mínimo ponga en peligro la supervivencia de pequeñas empresas o el mantenimiento del volumen de empleo.

Las autoridades están estudiando en estos momentos varias fórmulas distintas de subida salarial, que podría traducirse en un aumento de las ayudas sociales complementarias (desempleo, vacaciones, pensiones, enfermedad...). Este sistema cuenta con el apoyo de los sindicatos. Otra de las fórmulas manejadas consiste en ciertas ventajas fiscales.

Desde 1993, ls interlocutores sociales y las autoridades nacionales discuten esta medida, que ha sido retrasada en numerosas ocasiones, informa "Le Soir".