Quienes no cumplan su obligación de contratación de discapacitados en su plantillas podrán, excepcionalmente, contratar bienes o servicios con Centros Especiales de Empleo, caracterizados por tener más del 70% detrabajadores minusválidos, o bien a hacer lo mismo con discapacitados que trabajen por cuenta propia.

Además, como novedad, las empresas pueden acogerse a la opción de realizar donaciones, siempre de carácter monetario, a entidades que estén declaradas de probada utilidad pública y dediquen su actividad a la integración laboral e impulso del empleo para las personas con discapacidad.

Respecto a la cuantía de la donación, deberán alcanzar por lo menos 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (MI) anual por cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%.

Asimismo, para los contratos con Centros Especiales de Empleo para el suministro de materias primas o para la prestación de servicios, el valor de la contratación deberá ser al menos de 3 veces el SMI por cada discapacitados dejado de contratar.

Una causa de excepcionalidad a la no contratación de un trabajador discapacitado por parte de las empresas es la imposibilidad de atender la oferta, por no existi demandantes de empleo para cubrir la misma.

En cuanto al resto de excepciones, deberán ser acreditadas por los Servicios Públicos de Empleo, dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Actualmente, tanto las empresas de más de 50 trabajadores como la propia Administración incumplen la vigente normativa ya que sólo tienen el 0,5 y el 0,6 de personal discapacitado, respectivamente, a pesar de que la normativa española es menos exigente en el nivel obligatorio de contratación de discpacitados que la de otro países de la Unión Europea.