A su juicio, el código deontológico "supone en alguno de sus artículos una intención privatizadora de un servicio público". "Resulta indignante", continúa la nota, "pretender anteponer el siempre respetable punto de vsta de ciertos farmacéuticos al interés ciudadano a disfrutar del sistema de farmacias como un servicio público".

Asimismo, consideran que el código establece un "principio de arbitrariedad" cuando permite que estos profesionales, según sus deseos, puedan llegar hasta la negación del diagnóstico prenatal, antes incluso de que la mujer tenga conocimiento de su embarazo.

Purificación Gutiérrez y Magdy Martínez muestran también su preocupación por "la instauración de una cultura de la sospecha, más ropia de las culturas de otras épocas que de la España democrática".

Además de considerarlo contradictorio con la ley despenalizadora del aborto, ambos directores generales estiman que el nuevo código deontológico "atenta contra el derecho de los ciudadanos a conocer datos que los farmacéuticos puedan poseer, tras las pruebas, sobre su propio cuerpo y su propia vida".

El polémico código ético farmacéutico, presentado en Madrid el pasado 24 de abril, consta de 126 artículos, de los cuales varios hcen referencia a la objeción de conciencia.