Miguel Cruz hizo estas manifestaciones en unas jornadas organizadas en Madrid por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre "Problemas actuales y tendencias futuras del IRPF".

El director general de Tributos señaló que la marcha atrás en el proyecto de reducir el IRPF máximo responde a que "la coyuntura económica es la que es", pero se mostró confiado en que sólo se trate de un "paréntesis" en la "convergencia" hacia un tipo del 50 por cien. Pidió "estabilidad" para el IRPF, independientemente de quien gane las elecciones, por entender que es conveniente no cambiar a menudo las reglas de juego fiscal y porque la regulación actual del impuesto, "no tiene grandes defectos o agujeros".

Cruz negó que sea necesario modificar el tratamiento de las minusvalías derivadas, por ejemplo, de la reducción de la cartera de valores de un contribuyente, para permitir que se descuenten del IRPF.

En su opinión, esa posibilidad, que fue abolida en985, sólo servía para que contribuyentes de rentas altas realizasen operaciones irregulares, como la venta de acciones con una recompra posterior, para declarar las minusvalías y pagar menos en el impuesto.

Cruz explicó que el criterio del Gobierno es que el IRPF debe seguir suponiendo entre el 36 y el 38 por ciento de los ingresos fiscales del Estado.

EFECTO PSICOLOGICO

Por otra parte, Cruz aseguró que "muchos" contribuyentes están pagando menos IRPF que en 1992, aunque puede producirse el efeto "psicológico" de una mayor carga fiscal en la declaración de la renta porque las retenciones fueron menores y ahora toca ingresar más.

En cuanto a la aplicación de sistema de módulos para el pago del IRPF por parte de los pequeños y medianos empresarios, dijo que los dos primeros años han resultado una experiencia positiva y confirmó que en un año más estará culminado el proceso.

En relación con este asunto, el presidente del Comité Fiscal de la patronal CEOE, Alejandro Pedros, afirmó que el sstema de estimación objetiva debió implantarse "simultáneamente" en todos las empresas a las que va destinado, para evitar discriminaciones.

Pedrós, que también participó en las jornadas de la APD, aseguró que este sistema no es el adecuado ni desde una óptica empresarial ni desde el punto de vista de las necesidades de financiación del sector público.