En un artículo publicado en el último número de "Deliberación", la revista de la Asociación Profesional de la Magistratura, García escribe que "junto a sinceros objetores que cumplen admirablemente sus obligaciones y el tiempo de la prestación social sustitutoria en meritorios servicios (...) hay otros jóvenes que, amparándose en la legislación de la objeción de conciencia y tratando de confundirse con los verdaderos objetores, buscan eluir sus obligaciones legales autoproclamándose insumisos".

Para el director general del Servicio Militar, la prestación social sustitutoria (PSS) es "una obligación legal" para los objetores de conciencia, que no supone un castigo "y en modo alguno reproduce los esquemas propios de la vida militar como arguyen los insumisos", al tiempo que destaca la prestación como "un quehacer solidario en beneficio de la sociedad".

Asimismo, matiza que el hecho de que la PSS sea sustitutoria de la "mili" no jusifica su rechazo, "porque el Estado democrático está legitimado para imponer obligaciones a los ciudadanos", y recuerda que hay dos obligaciones en concreto, el servicio militar y el pago de impuestos, "que identifican la modernidad que sale de la Revolución Francesa y que aparecen en artículos correlativos de nuestra Constitución".

Distingue también en su escrito entre dos tipos de insumisos: "unos que hacen ideología política (...) para forzar el cambio de leyes aprobadas por el Parlamento, y otros ue no disimulan el propósito de esquivar su contribución al interés general y pretextan razones de conciencia para disfrazar conductas que no tienen cabida en nuestra legalidad".

Frente a los primeros, Laureano García argumenta que la modificación de las leyes, "que es lo que dicen pretender estos ciudadanos", debe producirse en el marco jurídico-legal establecido en la Constitución.

Puestos a cambiar el ordenamiento legal, "el camino más lógico y democrático es cumplir las leyes y trabajar dentr de la legalidad para obtener el favor de los ciudadanos y legislar con arreglo al criterio de la mayoría", agrega.

El segundo de los grupos lo integran, a su juicio, "jóvenes marginados que no han estado sujetos nunca a normas de convivencia y otros que, sin llamar la atención, esperan por esta vía eludir el cumplimiento del servicio militar y de la PSS".

García concluye su artículo afirmando que el servicio militar "es la más caracterizada contribución de los ciudadanos a la defensa nacional, qe la Constitución consagra como deber y derecho de los ciudadanos", mientras que la objeción de conciencia está "plenamente reconocida y garantizada en nuestro ordenamiento jurídico".

"La llamada insumisón, cuando se manifiesta en la doble negativa a cumplir el servicio militar y la PSS, es una actitud no sólo insolidaria con el interés general de la sociedad, sino también una conducta tipificada como delito en nuestro Código Penal".