Álvarez se refirió a esta cuestión en la comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’ y la ‘operación Delorme’, relativa a las relaciones con diversas administraciones del comisionista Víctor Aldama.

Este exresponsable del aeródromo madrileño fue preguntado por la visita que Delcy Rodríguez realizó a la capital el 20 de enero de 2020, cuando llegó en un avión privado a la llamada terminal corporativa. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la mandataria venezolana fue recibida a pie de pista por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quien acompañaban Koldo García y Aldama.

A este respecto, Álvarez, quien en la actualidad dirige un área de AENA encargada de nueve aeropuertos regionales, afirmó que ni él ni el ente público al que pertenece tuvieron noticia de lo sucedido con esta visita. “No sé lo que pasó allí”, afirmó este alto cargo, quien señaló que la “competencia” del control de la aduana y la frontera en Barajas es de Interior, concretamente de la Guardia Civil y la Policía Nacional, respectivamente.

CUSTODIÓ LAS IMÁGENES

El compareciente explicó que el avión privado de la vicepresidenta venezolana llegó a la llamada terminal corporativa, donde son recibidos los aviones privados. Explicó que “nadie” le informó de esta visita, puesto que es algo que no se hace con ninguno de los vuelos.

Indicó que “no es competencia” de AENA el tráfico aéreo, sino de Enaire, de manera que su organismo sólo conoce el origen de los vuelos y su lugar de destino, pero no los pasajeros que van en las aeronaves.

Sobre que Aldama y Koldo García estuvieran en la pista de la terminal corporativa al llegar la vicepresidenta venezolana, el exdirector de Barajas dijo que no tuvo noticia porque no era su competencia. Insistió en que la seguridad y control del aeropuerto dependen de Interior y que hay dos empresas adjudicatarias subcontratadas para el control de personas y equipajes en esta terminal.

Álvarez añadió que su única relación con esta visita fue la custodia de las imágenes de la terminal, que solicitó un juez el 18 de febrero de 2020. Aseguró al respecto que “personalmente” guardó esta grabación hasta su entrega al juzgado el 6 de junio de 2022.

Añadió que, tras esta petición judicial, las imágenes no fueron borradas a los treinta días, como establece la normativa en vigor. Además, negó “rotundamente” haber recibido presiones para eliminar esta grabación, como se ha apuntado en prensa que presuntamente pidió Ábalos.