Aprobada durante la Presidencia española de la Unión Europea, para la trasposición de esta directiva se estableció un plazo de dos años, que finaliza el 21 de mayo de 2026.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "al contar ya con un estándar elevado de derechos para las personas trabajadoras migrantes, en España solo se deberán realizar algunas adaptaciones menores, sobre todo en el Reglamento de la Ley de Extranjería".

Así, se avanzará en la simplificación procedimental, se ampliarán los derechos en lo que se refiere a los periodos de desempleo y también se mejorarán los requisitos de recogida de datos estadísticos para permitir una mejor evaluación de las políticas migratorias asociadas al permiso único, explicó.

Desde el Ministerio subrayan que esta norma establece un procedimiento simplificado de emisión de permisos de residencia y trabajo y un conjunto de derechos de igualdad de trato de los trabajadores extranjeros y los ciudadanos de la Unión.

La Directiva de Permiso Único es una norma que tiene carácter horizontal y se aplica a la práctica totalidad de los permisos de residencia y trabajo que se expiden en la Unión Europea para nacionales de terceros países. Su entrada en vigor supone una modificación profunda de la normativa actual, prosigue, al introducir "una serie de mejoras notables, como la reducción de plazos y la simplificación de los procedimientos de expedición de permisos, que servirá como incentivo para trabajadores y empresas".

También establece la exigencia de examinar las solicitudes desde dentro del territorio de un Estado miembro, lo que, según el Ministerio, impedirá las peticiones de abandonar el territorio antes de solicitar un nuevo permiso y reducirá los incentivos a la irregularidad sobrevenida.

La nueva directiva también mejorará la protección de los trabajadores frente a la explotación, al limitar la capacidad de los Estados de dictar normas restrictivas de derechos y mejorar la información y la transparencia de las condiciones de trabajo.

Por último, Inclusión destaca que "aumentará la igualdad de trato de los trabajadores migrantes respecto a los nacionales de la UE porque "se amplían los derechos cubiertos por la norma y se actúa decididamente en áreas como la igualdad de acceso a la vivienda privada en alquiler".

Esta nueva directiva no forma parte del Pacto de Migración y Asilo recientemente aprobado, pero sí es complementaria, y su entrada en vigor conlleva la modificación de su normativa interna en mayor o menor medida.

Las medidas de derecho nacional que se adopten por el Gobierno serán elaboradas "mediante el diálogo social e institucional, contando para ello con las comunidades autónomas y agentes sociales", aseguró el Ministerio.