Las mismas fuentes señalaron la clara intención de que la directiva, que establece la liberalización comercial de productos audiovisuales entre cadenas públicas y privadas de la CE, sea de obligado cumplimiento en todos sus puntos a partir de su entrada en vigor.

El proyecto de ley que articulará esa normativa europea ha sido elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y ya ha sido objeto de firmes protestas por parte de Antena-3 TV y Tele 5, que ven amenazados sus intereses.

En un comunicado conjunto hecho público a principios de octubre, ambas cadenas privadas consideraban que el Gobierno iba a aplicar el proyecto europeo "invocando la rigidez de las obligaciones comunitarias".

Los responsables de los dos canales consideran "injustificable" esa aplicación txativa, ya que la directiva otorga a los estados miembros bastante flexibilidad, "tanta, que hubiera permitido a la Administración mantener la situación actual, con algunas matizaciones, al igual que han hecho otros países", aseguran.

El principal inconveniente de esta normativa para las privadas son las restricciones impuestas en materia publicitaria, tanto la supresión de estos contenidos dentro de los programas como la proporción que debe existir entre la duración de las franjas de anuncios con resecto a los espacios.

Para empezar a aplicar estas medidas, que perjudican seriamente a la actual estructura de las cadenas privadas, éstas exigen que antes se cumpla lo establecido en esa misma directiva sobre la supresión de publicidad en las cadenas públicas, que sólo deberán sufragarse con fondos públicos.

También critican el momento elegido para la incorporación "rígida y estricta" de la directiva, ya que, en su opinión, "sus contenidos están siendo seriamente discutidos en estos días, tanto entro como fuera de la CE".

Fuentes de Tele 5 y A-3 TV han tachado de "excesivamente proteccionistas" algunas de las medidas de la directiva y han señalado que muchos países han invocado el principio de subsidiariedad contemplado en el Tratado de Maastricht para defender la autonomía de cada Estado para establecer normas en materia audiovisual.