La nota de la División de Personal de la Dirección General, difundida hoy por la Unión Federal de la Policía (UFP), uno de los cuatro sindicatos del CNP promotores del referéndum, argumenta que, de conceder el permiso de exención de servicio a los 1.113 funcionarios solicitantes, se produciría "ua merma de efectivos policiales que, por sí sólo, entrañaría una situación de riesgo para el mantenimiento de la seguridad ciudadana".

Los sindicatos tienen previsto organizar el próximo jueves, día 17, un referéndum en todas las comisarías del país, para preguntar a los funcionarios si estarían dispuestos a la celebración de una huelga en el cuerpo, para exigir una negociación con el ministerio que mejore sus condiciones salariales.

La Dirección General de la Policía esgrime que en estos momento se dan diversas circunstancias que "exigen la disponibilidad de todo el personal".

Además del recrudecimiento de la actividad de ETA, la nota argumenta también los "graves conflictos y la alarma social a raíz de brotes de racismo y xenofobia", "problemas de orden ciudadano surgidos desde la entrada en vigor de la Ley de Extranjería", así como la "proximidad de un proceso de elecciones generales, con el comienzo inmediato de la campaña electoral".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asocición Nacional de Policía Uniformada (ANPU), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU), emitieron hoy un comunicado en el que denuncian una "clara agresión a la libertad sindical por la negativa a facilitar la celebración del referéndum".

Los sindicatos aseguran que la Dirección General, a través de los mandos policiales en las comisarías, pretende, con "veladas amenazas, restringir y limitar la participación de los policías en el referéndum".

Además las razones expuestas por la dirección son, a juicio de las organizaciones sindicales, "inexistentes, ya que de ser ciertas el ministro del Interior debería haber comparecido ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados para explicar la 'grave situación de seguridad pública por la que atraviesa España'".