El convenio tiene por objeto la realización de investigaciones, basadas en la experimentación práctica, sobre los requisitos tecnológicos y funcionales que pueden facilitar la accesibilidad de los minusválidos a edificios y entornos urbanos, con el fin de establecer un criterio armonizador de las distintas normativas sobre barreras arquitectónicas.

La Dirección General de la Vivienda del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente se comprmete a aportar los recursos necesarios para comprar materiales, adquirir elementos técnicos de medida y servicios de carpintería y para cubrir los gastos derivados de la intervención de las personas minusváldias que participan en las experiencias.

Por su parte, el Inserso aportará los medios humanos, técnicos y de infraestructuras y organizará la participación de personas con discapacidades.