Así se refleja en la acusación del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra diez presuntos dirigentes y miembros de la banda terrorista a quienes se les atribuyen actividades de apoyo al citado comando en el País Vasco y Francia.

Garzón relata que los etarras Ignacia Ceberio Arruabarrena, Francisco Javier García Gaztelu, Juan Ramón Carasatorre Aldaz, y Valentín Lasarte Oliden, huyen a Francia después e atentar contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Arnedo en el mes de agosto de 1995. Posteriormente, el 12 de enero, junto a Irantxu Gallástegui, que se incorpora entonces al comando, reciben la orden de regresar al País Vasco español para ejecutar, entre otras actuaciones, el asesinato del abogado Fernando Múgica Herzog.

La organización ETA, prosigue el relato judicial, "les dá la relación de objetivos a ejecutar y que habían sido fijados por la dirección, a través de Francisco Javier Arizkure Ruiz, alias 'Kantaury'".

Estos objetivos se dividen en dos grupos: la eliminación de un inspector del Cuerpo Nacional de Policia destinado en la Comisaría Provincial de San Sebastián, que no lograron, la muerte de Fernando Múgica y, en segundo lugar, "otro grupo en el que las víctimas se dejaban a la libre elección de los componentes del grupo", según revela el texto judicial.

Garzón ha dictado prisión incondicional y orden internacional de busca y captura contra un total de diez presuntos miembos de la banda terrorista ETA.

Las medidas adoptadas por el magistrado Garzón afectan a Juan Antonio Olarra Guridi, alias 'Jokin'; Francisco Javier García Gazteluz, alias 'Jon', 'Txapote' y 'Peretxiku'; Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias 'Zapata' y 'Mikel'; Ignacia ceberio Arruabarrena; Juan Luis Aguirre Lete, alias 'Itxuntxa'; Francisco Javier Arizkuren Ruiz, alias 'Kantaury'; José Luis Geresta Múgica; Gracia Morcillo Torre; José Javier Irastorza González, alias 'Barajo'; e Irantxu Gallastegui Sodup, alias 'Amaia'.

El juez acusa a todos ellos de pertenencia y colaboración con banda armada, dos tentativas de asesinato, depósito de armas de guerra, tenencia de explosivos, sustitución de placas de vehículos de motor y utilización ilegítima de vehículos de motor ajeno.

De las investigaciones se deduce que los acusados formaban parte del entramado de apoyo a las actividades que realizaba el 'comando Donosti', del que destacaban las actuaciones de Valentín Lasarte, presunto autor material de la merte de Fernando Múgica y presunto colaborador en el asesinato de Gregorio Ordóñez.

También se imputa al `comando Donosti' las muertes del sargento de la Policía Municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo Calero, del brigada del Ejército de Tierra Mariano de Juan Santamaría y del jefe de la Unidad Antiterrorista de San Sebastián el comisario Enrique Nieto Viyell.

A estas actuaciones terroristas hay que sumar la colocación y explosión de un artefacto en el cuartel de la Guardia Civil de Arnedo, e lanzamiento de dos granadas contra la sede del Gobierno Civil de Guipúzcoa, y el ametrallamiento de la residencia de mandos del Ejército en el Paseo de la Hípica de Donostia, entre otros.